Señor Director,
Los datos de escolaridad en Chile son devastadores. Nueve de cada 10 niños no conocen las letras del abecedario. El vocabulario de los niños en kínder cayó en un 20%. 50 mil alumnos no se matricularon en el colegio este año y 227 mil están fuera del sistema escolar. Cuatro de cada 10 jóvenes registran una inasistencia grave, con menos de 85% de presencia. Este ausentismo es aún más grave en colegios municipales y públicos.
A lo anterior debemos sumar que los rezagos en aprendizajes, en desarrollo cognitivo y en destrezas socioemocionales son evidentes en las aulas.
Ante esta verdadera calamidad, debemos reaccionar de manera extraordinaria y con sentido de urgencia para promover una educación equitativa, inclusiva y de calidad que enfrente las devastadoras consecuencias de la pandemia y que permita a los más jóvenes recuperar el tiempo perdido, que se estima en dos décadas, para desarrollar sus talentos y capacidades.
Entre las urgencias que requieren recursos para innovar, dar soluciones concretas y desplegadas en los territorios, deberíamos partir por:
– Crear incentivos prácticos y económicos para que las familias más vulnerables apoyen y estimulen la asistencia de sus niños, niñas y adolescentes a las escuelas y colegios.
– Evaluar de manera permanente los aprendizajes que logran los alumnos y las escuelas, de manera de tener un diagnóstico certero de los problemas que estamos enfrentando.
– Concentrarse en la sala de clases, implementando metodologías nuevas, ampliando las tutorías personalizadas y profundizando el uso de herramientas tecnológicas en el aula para nivelar a los estudiantes que muestran descenso en sus aprendizajes y para incluir, especialmente a aquellos con necesidades educativas especiales.
– Convocar a la sociedad civil y a las organizaciones públicas a unirse y movilizarse por el fin común de mejorar radicalmente la educación.
Todo ello requiere de una gran voluntad y de una enorme cantidad recursos y trabajo. Lamentablemente el debate y los esfuerzos fiscales están muy lejos de esta prioridad.
Pero hay un camino para enfrentar esta dramática realidad. El gobierno tiene la facultad de disponer constitucionalmente del 2% del presupuesto de la nación, para que ahora, sin esperar un minuto más, se enfrente la mayor catástrofe post pandemia para asegurar la continuidad y el correcto funcionamiento educacional.
Este verdadero terremoto en la instrucción de los jóvenes debería tener a las autoridades enfocadas en buscar una solución e implementar una política nacional que permita a toda una generación tener las habilidades para enfrentar un futuro cambiante, lleno de desafíos complejos y escenarios inciertos.
Magdalena Piñera Morel
Directora ejecutiva
Fundación FPM
